Gobierno debilitó cuerpo de Policía Judicial para la lucha contra la corrupción: Fiscal
Francisco Barbosa habla de su relación con el Presidente, la terna para su reemplazo y otros temas.

Pubblicato : 2 anni fa di Carlos López, Casa Editorial El Tiempo in Politics
En diálogo con EL TIEMPO, el jefe de la Fiscalía General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, habla de su relación con el presidente Gustavo Petro y de la terna conformada por mujeres que propuso ante la Corte Suprema de Justicia para su reemplazo.
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También se refirió la jornada de elección de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de juntas administrativas locales, programada en Colombia para el próximo 29 de octubre.
Fiscal, se acercan las elecciones regionales, ¿en cuáles municipios la Fiscalía ha detectado la comisión de delitos? ¿Qué anuncios preliminares puede darnos al respecto?
La Fiscalía General de la Nación tiene el firme compromiso de proteger la integridad de las elecciones territoriales. Por ello, se diseñó una estrategia transitoria de investigación y judicialización, específicamente, para los delitos ocurridos en el marco y/o con ocasión de los comicios relacionados con la elección de autoridades territoriales del año 2023, priorizando los casos por connotación, trascendencia, gravedad, complejidad investigativa e impacto en las regiones afectadas.
Por ejemplo, la Unidad Especial de Investigación atiende las denuncias relacionadas con las amenazas y homicidios en contra de los integrantes del partido Comunes, candidatos a las diferentes corporaciones en movimientos políticos diferentes al partido Comunes, y candidatos a las diferentes corporaciones que tienen aval (por coalición) por este partido.
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Como siempre he señalado, nuestra visión de la criminalidad electoral es holística y no se circunscribe a determinados tipos penales. También es importante recordar que nuestra competencia se ciñe a la investigación de los delitos y al ejercicio de la acción penal una vez los hechos suceden. Sin embargo, es innegable que actualmente existe una preocupación en materia de prevención y seguridad en ciertas regiones del país en las que las organizaciones criminales han tomado ventaja a la fuerza pública y que podrían afectar el libre ejercicio del derecho a voto de formas que el país no veía hace muchos años.
Por el momento, se tienen 1.294 investigaciones por hechos delictivos relacionados con el proceso electoral 2023. Esto incluye, tan solo para hablar de algunos de los fenómenos, siete homicidios contra candidatos, en los municipios de Taminango (Nariño), Pradera y Jamundí (Valle del Cauca), Cartagena (Bolívar), Honda (Tolima), Mutatá (Antioquia) y Guachené (Cauca).
En relación con delitos contra la participación democrática, hay 544 denuncias, de las cuales están activas 381. Se relacionan con fraude en la inscripción de cédulas, constreñimiento y corrupción al sufragante e intervención en política. Y respecto a los delitos contra la administración pública, que relacionan los contratos sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público y peculado por uso, hasta el momento tenemos 27 procesos activos.
¿Qué le parece que el Gobierno, desde su Secretaría de Transparencia, reporte quiénes están inhabilitados?
El Secretario de Transparencia se podría estar extralimitando de sus funciones, cuando está hablando de una serie de resultados que solamente los pueden dar las instituciones competentes. Todo esto tendrá que definirlo la Procuraduría General. Él no puede decir quién es responsable penalmente, quién es responsable de un delito, ni quién está habilitado o inhabilitado; deben ser las instituciones competentes las que lo deben hacer. No debe ser un funcionario cuyas competencias, en rigor, no están descritas en ningún manual de funciones.
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Además, podría estar suplantando una función del Presidente de la República y poniendo en entredicho las funciones de los Ministros del Interior, de Defensa y de las diferentes cabezas del gobierno, que deberían ser quienes se articulen con las entidades de control y con la Fiscalía, como Rama Judicial del Poder Público. Además, muy curioso que un funcionario sin competencias le dé la ventolera de mostrar listas de candidatos presuntamente inhabilitados a pocos días de las elecciones.
¿Cree que Andrés Idárraga asumió competencias que le corresponden a la Fiscalía para hablar de corrupción? ¿Analizan abrir algún proceso por prevaricato?
Es muy importante que los funcionarios conozcan cuáles son sus competencias y los límites que tienen sus competencias. Este funcionario salió casi a enjuiciar a los fiscales y a los jueces, diciendo que había un 94 por ciento de impunidad en los delitos de corrupción en Colombia, sin además medir las estadísticas y entender cómo funciona el sistema jurídico en nuestro país.
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Nosotros tenemos hoy más o menos 400 funcionarios de Policía Judicial - Fiscalía para toda la estrategia de anticorrupción del país. Desde que llegó este Gobierno, nos quitaron toda la Policía Judicial de la Dijín y de la Sijín y no tenemos Policía Judicial de la Policía nacional para la estrategia de corrupción. Eso sí debería preocuparle al Secretario de Transparencia. Habla, además, de una serie de resultados que solo los pueden dar las instituciones competentes. Como he dicho varias veces, esta persona nunca se ha preocupado por conocer lo que nosotros hacemos y sí se ha empeñado en desinformar y en distorsionar los hechos en torno a este tema.
Finalmente, las juristas ternadas son Luz Adriana Camargo, Ángela María Buitrago y Amparo Cerón. ¿Qué opinión le merece esta terna?
Lo importante es que el proceso de elección de la Fiscal General de la Nación se haga de manera tranquila y se pueda hacer esa transición con claridad y agilidad en los tiempos de la Corte Suprema de Justicia. Naturalmente, lo ideal es que sea una persona que pueda sostener y respetar las metodologías que han traído resultados a la entidad durante estos últimos años, más allá de que deberá implementar su propio Direccionamiento Estratégico. Hemos recorrido este país en más de 250 ocasiones.
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El país no aceptaría que la nueva fiscal general no gerenciara la entidad desde los territorios continuando el trabajo que se realizó. Eso de quedarse en Bogotá no lo aceptaría nadie. Por lo pronto, mientras se produce esa elección en la Corte Suprema de Justicia y una vez yo salga, tengo la tranquilidad de que estará al frente de la Fiscalía la doctora Martha Janeth Mancera, quien lleva 30 años en la entidad, ha trabajado con 7 fiscales generales y ha estado al frente de muchísimas investigaciones.
¿Comparte la posición del magistrado Gerardo Botero de que a la terna le falta un hombre para ser equitativos?
Es una postura respetable pero debatible. Pienso que es uno más de los debates jurídicos que se han generado alrededor de la composición de la terna y que deberán resolver en su momento. No puedo agregar más.
Explíquenos cuál es el vacío que hay en cuanto a la policía judicial... ¿Les bajaron el personal?
Como dije, tenemos hoy cerca de 400 funcionarios de policía judicial-fiscalía, para toda la estrategia anticorrupción en el país. Nos han quitado policía judicial de la Dijín y la Sijín y eso ha afectado la articulación interinstitucional. Me parece muy grave.
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Fiscal, ¿la no comunicación con el Ejército se ha traducido en disminución de resultados por parte de las entidades?
Sí existe esa preocupación. ¿Qué hemos hecho nosotros? Con nuestras capacidades, con nuestras competencias, no hemos permitido que se abandonen los territorios a su suerte. Pero llegamos hasta donde podemos. Si la Fuerza Pública no garantiza la seguridad para nuestro ingreso a las zonas y efectuar los actos urgentes, si las órdenes de captura que obtenemos en contra de cabecillas de estructuras criminales no las ejecutan, si no hay una política pública clara en materia de prevención y seguridad por parte del Ejecutivo, ¿hacia dónde irá el país?
¿Quiénes del Ejecutivo estarían tras graves señalamientos contra la vicefiscal?
Es realmente inaudito que se trate de mancillar el trabajo y la reputación de la señora Vicefiscal, con infamias y refritos sin fundamento, que usan una y otra vez, porque "de la calumnia algo queda”. Curioso, además, que, terminando mi gestión, entonces ahora empiecen a tratar de atacarla. Es todo un plan elaborado. Y lo más triste es que ha sucedido con la connivencia de ciertos sectores del Ejecutivo según información que empezó a aparecer y que se está evaluando.
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La doctora Mancera la escogí como Vicefiscal no porque era amiga mía o porque tenía una influencia política alguna, sino por su hoja de vida. Es una funcionaria de carrera de 30 años en la entidad, que ha hecho su tarea decente, que ha mantenido la misionalidad de la entidad con altura; que fue, además, ternada por el Comité de Escogencia para ser la primera directora de la Unidad Especial de Investigación creada por el Acuerdo Final de Paz. Una mujer y funcionaria intachable, cuyo aporte a la justicia de este país algún día tendrá que ser reivindicado.
¿Qué le respondió el Presidente ante su comentario de que sería bueno que la Vicefiscal esté un tiempo en el empalme en la Fiscalía?
En alguna conversación que sostuve con el señor presidente se tocó muy tangencialmente el tema y sabe que la necesidad de la permanencia de la actual Vicefiscal permitiría un empalme adecuado para el buen funcionamiento de la entidad. Sin embargo, espero que la Corte Suprema escoja con rapidez y agilidad mi reemplazo. Mientras todo eso ocurre, el país y la misma Corte Suprema de Justicia tienen la tranquilidad que la doctora Mancera puede sostener la entidad sin problema hasta tanto se escoja el próximo fiscal general de la Nación. Es una persona que le da garantías al país para el buen funcionamiento de la entidad. La conozco bien y es una mujer decente que me ha acompañado casi cuatro años. En este tiempo puedo dar fe de su capacidad de trabajo y su solvencia moral.
¿Cuáles son las conclusiones más importantes de su visita a Europa? ¿Con quiénes se reunió?
Fue una visita muy fructífera. Nos reunimos con importantes organismos judiciales de Italia y de Países Bajos para fortalecer esa cooperación judicial internacional que es clave en la desarticulación de organizaciones criminales transnacionales.
Inicialmente estuvimos en Roma (Italia) en donde nos reunimos con el Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de este país, Giovanni Melillo, con quien firmamos un memorando de entendimiento para fortalecer el trabajo conjunto contra el narcotráfico, y poder adelantar operaciones conjuntas y compartir información relevante en las investigaciones adelantadas por los dos países.
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Posteriormente visitamos La Haya para entregarle a la Corte Penal Internacional un balance de las acciones de la Fiscalía en los últimos casi cuatro años que llevamos al frente de la entidad, en materia de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y todo el trabajo articulado que estamos haciendo con la Jurisdicción Especial para la Paz, con la cual firmamos un acuerdo de cooperación el año pasado que nos ha dado importantes resultados. Hemos recibido y tramitado más de 1.800 casos con resoluciones, decisiones y diferentes solicitudes de información de las salas y secciones de la JEP y hemos remitido 800 procesos a la jurisdicción.
También nos reunimos con la Fiscal General de los Países Bajos. Allí acordamos una articulación de esfuerzos para combatir el narcotráfico y atacar las finanzas de la criminalidad organizada.
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Visitamos además el Puerto de Rotterdam con el fiscal jefe del Tribunal de este Distrito. Analizamos estrategias para poder agilizar la captura y el desmantelamiento de organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, la extorsión, la cibercriminalidad y el lavado de activos, en los dos países.
Por último, nos reunimos con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) para discutir asuntos relacionados con el fortalecimiento de la cooperación judicial transnacional, con países de la Unión Europea.
Se ha vuelto a hablar de que usted tiene aspiraciones políticas...
Lo único que tengo en mi cabeza es culminar adecuadamente mi gestión como Fiscal General de la Nación. Me quedan tres meses y medio, y debemos tratar de culminar los temas que están pendientes. Vale la pena indicar que no existe una enemistad con el Presidente Petro, sino posiciones antagónicas en la manera en cada uno de nosotros entiende el ejercicio de lo público y en la manera de concebir el rol del Estado en la sociedad. Al final de todo este tiempo de difícil convivencia entre el jefe de Estado y yo, estoy convencido de que el país ganó en democracia porque se les demostró a los colombianos que el unanimismo no es bueno para una sociedad, que no hay que temerle a hablar fuerte, claro y con carácter al ejecutivo, que deben defenderse principios y posiciones jurídicas de forma razonada para que quepamos todos en este país. El día en que eso no ocurra sería el fin de la democracia. Por eso todos debemos seguir vigilantes.
Fiscal, en medio de la audiencia de cierre de la visita de la Corte IDH, la periodista Jineth Bedoya desistió de las investigaciones que lleva la Fiscalía por amenazas. ¿Qué posición asumirá su despacho en este caso, teniendo en cuenta los plazos que le dio la Corte frente al tema?
Por Jineth Bedoya no tengo sino respeto y admiración. Sobre lo que ella señaló, debo precisar que, en primer lugar, la amenaza no es un delito querellable y, por lo tanto, no admite el desistimiento. Por esta razón jurídica, la Fiscalía continúa con los actos de investigación que ya se han venido adelantando, además de reuniones que se han realizado con la representante judicial de Jineth Bedoya. También es importante destacar que, en la actualidad, se encuentran en ejecución varias órdenes a Policía Judicial con la finalidad no solo de esclarecer los hechos denunciados, sino de identificar a los posibles responsables. Yo respeto la posición de ella y entiendo que, durante varios años en el pasado, la entidad no mostró la diligencia suficiente frente a los graves hechos que sufrió. Sin embargo, sería injusto no reconocer que ha sido precisamente en mi administración que se tomaron en serio sus derechos en calidad de víctima, se la escuchó, acompañó, avanzó en las investigaciones y seguirá cumpliéndole, porque es nuestra obligación constitucional.
Hablemos del caso de Cielo Gnecco. ¿Ella se les fugó a los agentes?
En este caso un fiscal expidió un orden de captura bajo Ley 600, y se la entregó a investigadores del CTI que, a su vez, se la remitieron a la central de la Policía para el registro en base de datos. Posteriormente, se empezó la búsqueda por el ente acusador. Nosotros continuamos con todas las labores de verificación y ubicación de esta persona y, por supuesto, para la Fiscalía es una prioridad su captura.
Desde la Corte se compulsaron copias a la Fiscalía por el escándalo que rodea al magistrado Francisco Farfán y José Alfredo Gnecco, ¿abrirán indagaciones por esto?
Una vez se reciban las copias, se asignará especialmente un fiscal delegado ante la Corte para que las examine y, en su autonomía, adopte las determinaciones pertinentes, siempre con respeto de las competencias judiciales de las demás instituciones.
Temi: Law Enforcement, Corruption